PACTO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES Y POR EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y nuestra Constitución Política establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En este marco, el Perú ha suscrito tratados de obligatorio cumplimiento -Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para) y la Resolución 62/136 de Naciones Unidas- que establecen mayores protecciones y garantías para erradicar toda forma de violencia y discriminación hacia las mujeres, resaltando la especial vulnerabilidad a la que hacen frente las mujeres rurales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también hacen hincapié en la necesidad de garantizar la igualdad y poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas como condición para el desarrollo de los países y el logro de todos los objetivos.
En el mismo sentido, la Visión del Perú al 2050, consensuada en el Foro del Acuerdo Nacional, garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional, y ratifica el derecho a vivir en sociedad libre de toda forma de violencia y de discriminación. En el ámbito de los derechos de las mujeres, asegura una educación que reafirma la igualdad entre hombres y mujeres; la significativa reducción de actos de discriminación; una cultura de prevención de la violencia; sistemas de protección de sus derechos; así como la capacidad de luchar contra la trata de personas. De esta manera, la Visión del Perú al 2050 reafirma el compromiso expresado de manera transversal en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional con la defensa de la integridad física y psicológica de las mujeres y con la protección de su derecho a la salud, educación, empleo digno, participación y acceso a la justicia, con igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas, para lograr su bienestar y desarrollo integral en una vida libre de violencia.
Por ello, resulta alarmante que en nuestro país exista una alta prevalencia de la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y privados, reflejada en las inaceptables cifras de violencia física, psicológica, violación sexual, hostigamiento sexual, trata, desapariciones y feminicidios, así como en la persistencia de las desigualdades en los distintos ámbitos en que desarrollan su vida. En este sentido, el Estado tiene la obligación de realizar mayores esfuerzos para garantizar los derechos y libertades fundamentales de todas las mujeres -niñas, adolescentes y adultas- para su pleno ejercicio y efectiva realización, especialmente empoderando a las mujeres rurales para que participen de manera plena e igualitaria en los ámbitos político, social y económico, así como en la adopción de decisiones públicas, incluso con medidas temporales de acción afirmativa.
A través del siguiente Pacto, en el marco del Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres (2018-2027), ad portas del bicentenario de nuestra República, y reconociendo que diversas condiciones -grupo étnico, cultura, nivel educativo, ruralidad, situación social y económica, entre otros factores- agudizan la discriminación contra las mujeres, reafirmamos nuestro compromiso y voluntad de seguir trabajando para resguardar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, a fin de promover su desarrollo integral, y con ese propósito:
- Ratificamos que la violencia contra las mujeres es inadmisible, y constituye un grave problema que trasciende la esfera privada, afectando el interés público, por lo que su prevención y atención debe considerarse un servicio permanente y esencial del Estado, y su erradicación, una prioridad nacional.
- Nos comprometemos a erradicar la discriminación estructural contra las mujeres arraigada en nuestra sociedad, que se refleja en prácticas que las excluyen o restringen el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, así como de sus oportunidades reales de ampliar sus capacidades, y desarrollarse en los ámbitos social, político, económico, cultural y personal, vulnerando su derecho a una vida libre de violencia.
- Impulsaremos una agenda mujer a nivel nacional, con especial atención y participación de las mujeres en las zonas rurales, altoandinas y amazónicas, dirigida a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y a asegurar la persecución, sanción y reeducación de los agresores; a erradicar toda forma de discriminación; a eliminar las brechas existentes entre mujeres y hombres, asegurando la igualdad en el acceso a oportunidades; a empoderar a las mujeres y niñas; y a promover el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
- Garantizaremos a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a una atención con enfoque intercultural e integral, bajo el principio de la justicia restaurativa, con debida diligencia reforzada, y aplicando medidas de protección de la vida, la integridad y la salud efectivas, eficaces y oportunas; brindando un trato digno, evitando la violencia institucional, la revictimización y asegurando procesos simplificados y céleres. Para ello, es imprescindible que las víctimas reciban información, culturalmente pertinente, en su propia lengua, sobre los derechos que les asisten, el procedimiento a seguir cuando realizan una denuncia y los servicios de atención que brinda el Estado de manera gratuita teniendo en consideración su identidad cultural, edad o condición de discapacidad.
- Garantizaremos el acceso a la atención sanitaria y a la salud mental para contribuir a la protección social y a la recuperación integral de las víctimas sobrevivientes y víctimas indirectas de feminicidio, a través de la permanencia y fortalecimiento de la asistencia económica.
- Aseguraremos la búsqueda inmediata, oportuna y eficaz de las mujeres reportadas como desaparecidas, así como la ubicación y detención efectiva de los agresores.
- Fortaleceremos los servicios públicos de prevención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres garantizando su calidad:
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: ampliar los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y los Centros de Atención Institucional (CAI); implementar el Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar para la especialización de las y los operadores del Sistema de prevención y atención a la violencia; y continuar promoviendo la creación e implementación de los Observatorios Regionales de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en todas las regiones del país a fin de alcanzar los objetivos del Observatorio Nacional.
- Ministerio del Interior y Policía Nacional del Perú: ampliar las Comisarías de Familia y mantener actualizado el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas;
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: incrementar el número de defensoras y defensores públicos de víctimas;
- Ministerio de Salud: ampliar los Centros de Salud Mental Comunitarios, los Módulos de Atención contra el Maltrato Infantil -MAMIS, asegurar la entrega de kits de protección a la salud integral de las víctimas de violación sexual;
- Gobiernos regionales y locales: fortalecer las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación que tienen la responsabilidad de elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas orientadas a combatir la violencia contra las mujeres y a implementar los Hogares de Refugio Temporal con apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de reforzar el sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, promover la creación de Gerencias de la Mujer en los gobiernos regionales y locales.
- Poder Judicial: administrar una justicia libre de estereotipos, haciendo uso de las tecnologías para garantizar el acceso a una justicia célere, oportuna y diligente, así como para mantener actualizado el Registro Nacional de Condenas.
- Ministerio Público: Mantener actualizado el Registro Único de Víctimas y Agresores y ampliar el número de cámaras Gessell o salas de entrevista única.
- A fin de incidir de manera efectiva en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, promoveremos, principalmente a través de los Ministerios de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo, programas de educación, formación y capacitación para mujeres orientados a reforzar su autoestima y su capacidad de resiliencia, a lograr autonomía económica y a acceder a un trabajo digno; y fortaleceremos los diversos programas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el empoderamiento económico de las mujeres de los territorios rurales y para promover su participación en los diversos tipos de organizaciones sociales y comunales. De manera complementaria, incrementaremos la cobertura de los programas de cuidado infantil diurno y priorizaremos la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, debido a que las tareas de cuidado constituyen una razón importante del reducido acceso a recursos económicos por parte de las mujeres.
- Impulsaremos la realización de campañas permanentes de sensibilización contra la normalización de toda forma de violencia en hogares, escuelas y comunidad a través de los tres niveles de gobierno en alianza estratégica con medios de comunicación, sociedad civil y organismos internacionales, con especial énfasis en fechas emblemáticas como el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que den a conocer los servicios de atención y canales de ayuda que ofrece el Estado e informen cómo actuar y denunciar casos de violencia.
Lima, 08 de marzo de 2021.
Consenso logrado por el Foro del Acuerdo Nacional con participación de su Presidente y Presidente de la República, Francisco Sagasti, y de las siguientes autoridades e invitados:
- Presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez
- Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios
- Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez
- Congresista de la República, Arlette Contreras
- Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli
- Ministerio Público, Fiscal Suprema María Isabel Sokolich
- Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán
- Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, María del Carmen Sacasa
- Presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mohme
